El TPAN refuerza tratados anteriores relativos a las armas nucleares, entre ellos el Tratado de No Proliferación de 1968, cuyo objetivo es limitar el número de países que poseen armas nucleares y avanzar hacia la meta del desarme.

Como afirmó la Corte Internacional de Justicia en 1996, los países tienen la obligación jurídica de «emprender de buena fe y concluir negociaciones encaminadas al desarme nuclear». La falta de avances en este sentido fue una motivación importante para la negociación del TPAN.

Otros tratados complementarios incluyen el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1996 y tratados regionales que establecen zonas libres de armas nucleares en América Latina y el Caribe, el Pacífico Sur, África, el Sudeste Asiático y Asia Central.

El TPAN se basa en un cuerpo jurídico conocido como derecho internacional humanitario, que limita los métodos y medios bélicos. Las partes en un conflicto armado deben abstenerse de utilizar armas que no puedan distinguir entre civiles y combatientes, o aquellas que causen lesiones superfluas o sufrimientos innecesarios.